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						Se convirtió en el primer país en prohibir esta 
						actividad antes de su instalación y que arrasa con el 
						ambiente marino y afecta a las comunidades costeras 
						alrededor del mundo. En contraste, organizaciones 
						sociales en Chile toman este ejemplo y piden mayor 
						fiscalización. 
						    
						La legislatura fueguina aprobó hoy por unanimidad el 
						proyecto de ley que prohíbe la salmonicultura en Tierra 
						del Fuego; actividad que amenaza no solamente al 
						ambiente sino a la salud y la economía de la provincia. 
						La ley, promovida por el legislador Pablo Villegas del 
						Movimiento Popular Fueguino, puso a Argentina en los 
						ojos del mundo, posicionando al país como el primero en 
						tomar una decisión de tal magnitud en cuanto al cuidado 
						del ambiente antes de la instalación de la industria en 
						un territorio.   
						    
						"La sanción de esta ley es una clara y contundente 
						definición institucional que destaca la importancia que 
						tiene para los fueguinos, la protección y conservación 
						de nuestros recursos naturales, del patrimonio genético 
						de nuestros seres vivos y de su ambiente para un 
						desarrollo económico sostenible", resaltó el legislador 
						Villegas. 
						    
						En Argentina, el único lugar viable para este tipo de 
						emprendimientos son las prístinas aguas del Canal Beagle 
						en Tierra del Fuego. Estas aguas, además de concentrar 
						el 50% de los bosques de macroalgas que existen en el 
						país, son uno de los grandes sumideros de carbono del 
						planeta y "hotspot" de biodiversidad.   
						    
						David Alday, representante de la comunidad Yagán, 
						afirmó: "Es un hito tremendo el que han logrado del otro 
						lado del Canal. Nosotros conseguimos sacar las 
						salmoneras y ustedes lograron que no haya salmonicultura, 
						esto tiene un gran impacto para nosotros, es una señal y 
						un respaldo a nuestra comunidad y territorio indígena y 
						al archipiélago", y resaltó: "Queremos que en Chile esto 
						se sepa, que del último lugar del planeta se ejecutó un 
						hito contra una industria tan destructiva como la salmonicultura".  
						    
						Desde el lado chileno, en la Ecorregión marina de 
						canales y fiordo, los Centros de Engorda de Salmones 
						operan en promedio en un 40% en condiciones anaeróbicas, 
						afectando la calidad de las aguas y sedimentos y, 
						consecuentemente, la biodiversidad. La prohibición en 
						Tierra del Fuego, significa que existirá un reservorio 
						de biodiversidad, lo que permitirá restaurar los mares 
						chilenos que están siendo impactada por esta industria, 
						aunque hay ecosistemas marinos vulnerables en la zona 
						que son de muy lenta recuperación” explica Javier 
						Trivelli, Ingeniero de Recursos Naturales Renovables de 
						Geute Conservación Sur haciendo referencia a un 
						precedente positivo para el país. 
						    
						El contraste chileno 
						    
						A diferencia de lo que ocurre en Argentina, la industria 
						salmonera en Chile se inició en la década del 70 y desde 
						entonces ya tiene una gran presencia entre las regiones 
						de la Araucanía y Magallanes. Incluso opera en la 
						reserva nacional Kawésqar y el parque Alberto Agostini, 
						desde donde las comunidades ya han pedido su salida. 
						Chile es el segundo productor de salmón a nivel mundial 
						y sus exportaciones alcanzaron los US$4.389 millones el 
						año pasado. Sin embargo, la actividad no está libre de 
						desastres naturales en las zonas de operación. 
						    
						El último hecho ocurrió en abril de este año donde se 
						registró la mortandad masiva de más de 5 mil toneladas 
						de salmones en el Fiordo Comau y los canales Jacaf y 
						Puyuhuapi, lo que activó a más de 60 organizaciones 
						sociales, entre ellas Defendamos Chiloé, Adac , 
						comunidades kawésqar y Yagan, Mission Blue, Blue Marine 
						Foundation, AIDA, Amigos de los Parques, ONG FIMA, Chao 
						Pescao, Cetacea, entre otras, e incluso una
						campaña digital de
						Patagonia Chile para exigir al gobierno mayor 
						fiscalización y protección de los frágiles ecosistemas 
						del Sur. 
						    
						Fundación Terram y Geute Conservación Sur fueron parte 
						de estas organizaciones quienes entre los años 2017 y 
						2018 ingresaron tres acciones a la Contraloría para 
						realizar auditorías a la industria. El resultado se dio 
						a conocer hace unas semanas cuando el ente rector 
						detectó una serie de falencias en la cadena de 
						fiscalización de diversos órganos a la industria 
						salmonera. 
						    
						Trivelli, señala que “hay que hacer un congelamiento de 
						nuevas concesiones de acuicultura y evaluar bien donde 
						están emplazadas. Tenemos más de 500 Centros de Engorda 
						de Salmones al interior de áreas protegidas marinas, más 
						de un 30% donde algunos parques no tienen ni siquiera un 
						plan de manejo. Es una industria que tenemos que 
						reordenar, ojalá sacar y deben haber sanciones 
						importantes a los dueños que operen en condiciones 
						anaeróbicas”. 
						    
						Actualmente, más de 160 organizaciones territoriales y 
						personas tomaron acción nuevamente con una declaración 
						pública contra la propuesta de política nacional de 
						acuicultura para las próximas dos décadas de la 
						Subsecretaría de Pesca y Acuicultura en consulta pública 
						entre el 30 de abril y 5 de julio. “Lo que proponemos 
						junto a una serie de organizaciones es principalmente 
						que esto debe detenerse como proceso y supeditarse a la 
						nueva constitución porque es contradictorio que quieras 
						aprobar una política nacional a 20 años siendo que estás 
						en un proceso histórico único constitucional” señala 
						Juan Carlos Viveros, miembro de Defendamos Chiloé. 
						    
						En la declaración se pide además redirigir los fondos 
						públicos para la investigación que permita comprender 
						los ecosistemas, optimizar las fiscalizaciones, detener 
						las operaciones que están causando un daño en los 
						frágiles ecosistemas del sur e implementar planes de 
						desarrollo local en base a cada territorio y sus 
						comunidades. (Firma 
						la declaración aquí).  
						    
						Sobre esto, Flavia Liberona, bióloga y Directora 
						Ejecutiva de Fundación Terram explica: “Hay que 
						reformular la ley de pesca y acuicultura y hay muchos 
						desafíos para hacerla social y ambientalmente más 
						responsable. Es fundamental separar la acuicultura de 
						pequeña escala del debate sobre salmonicultura y poner 
						muchas más acciones de fiscalización y sanción en la 
						salmonicultura o acuicultura intensiva en general. Y en 
						materia presupuestaria, el Estado debe poner fondos para 
						la  fiscalización tanto en la Superintendencia de Medio 
						Ambiente (SMA) como en Servicio Nacional de Pesca y 
						Acuicultura (SERNAPESCA)”. 
						    
						Si bien hoy se celebra en Argentina un verdadero triunfo 
						ambiental, en Chile aún hay mucho trabajo por hacer, 
						pero esto confirma que efectivamente es posible avanzar 
						hacia una economía nueva, donde las comunidades de vida 
						conviven en armonía y se beneficien mutuamente, 
						construyendo un presente próspero sin hipotecar el 
						futuro de las generaciones venideras.   
						    
						Ve el documental
						Estado Salmonero para entender la situación en Chile   
						¡¡ Buena pesca y líneas 
						tensas y apretadas para todos !!     |